Los opositores presos, las detenciones arbitrarias y la impunidad protagonizaron de nuevo la vida en Venezuela en 2016, bajo estado de excepción y en medio de una escasez creciente de alimentos y medicinas, según Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual 2016 presentado en París, AI denuncia que continuaron los encarcelamientos de antichavistas en Venezuela, donde más de un centenar de personas estuvieron detenidas por razones políticas el año pasado.

Recuerda que a mediados de año se ratificó en apelación la condena a casi 14 años de cárcel al líder opositor Leopoldo López por la violencia registrada durante una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro en 2014, pena confirmada de nuevo hace unos días por el Supremo.

Amnistía indica que, al concluir 2016, no se habían aplicado las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, entre ellas las referidas al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y el ex regidor municipal de San Cristóbal Daniel Ceballos.

Todo en medio de la impunidad, pues sólo se habían iniciado 77 juicios de las más de 11.000 denuncias en 2015 por delitos contra el derecho internacional y violación de derechos humanos.

También denuncia los lentos avances para llevar ante la justicia a los supuestos responsables de la muerte de más de 40 personas, tortura y malos tratos durante las protestas de 2014, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad.

Además, los defensores de los derechos humanos, señala AI, siguieron siendo “blanco de ataques e intimidación” por parte de medios de comunicación estatales y cargos oficiales, al igual que los activistas de los derechos de los indígenas y ambientales, mientras las autoridades continuaron señalando a “los periodistas que mantenían una postura crítica”.

El hecho de que en enero de 2016 el presidente Maduro declarara el estado de excepción y emergencia económica que aún se mantiene se tradujo en “disposiciones que podían restringir la labor de la sociedad civil y las ONG”.

A todo ello se suma que el Tribunal Supremo de Justicia limitó “drásticamente”, según AI, las facultades de la Asamblea Nacional, de mayoría antichavista, y declaró a la cámara en desacato por incumplir varias sentencias, por lo que determinó que los actos legislativos son nulos y carecen de legalidad.

Mientras tanto, la población sufrió un empeoramiento de las crisis económica y social.

La escasez de alimentos y medicinas, con precios muy elevados, se intensificó “de manera alarmante”, lo que conllevó el aumento de enfermedades prevenibles y tratables, y ante esta situación se produjeron numerosas protestas, en las que se registró un “uso excesivo de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, AI denuncia los “graves problemas de hacinamiento y las condiciones de vida de la población reclusa”, en un país con altísimos índices de delincuencia y homicidios.

(Con información de EFE)